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El mapa político del agua en la Argentina

Una mirada lúcida sobre la situación del agua en la Argentina y su correlato jurídico.

Luis A. CavalliTranscurriendo ya el siglo XXI, nos encontramos en la Argentina ante hechos vinculados a los recursos hídricos que han generado un nuevo escenario jurídico. La nueva realidad jurídica se asienta en una situación ambiental cada vez más compleja. A las consecuencias del cambio climático global hay que agregarles una situación local propia que influye en la profusión de una nueva legislación hídrica y ambiental.
La situación de la población argentina vinculada con el recurso hídrico tiene falencias que se han acumulado a lo largo de décadas. Existen asentamientos urbanos que están ubicados respecto del agua en áreas de alto riesgo. Agrava este cuadro una movilidad demográfica sin previsión de infraestructura y una expansión urbana inadecuada. Menos del 40% de la población urbana tiene acceso a los servicios de alcantarillado. Esto trae aparejado enfermedades infecciosas y contagiosas.
Los datos y estadísticas referidos al agua deben analizarse con profundidad para no llegar a conclusiones erróneas. Una primera simplificación estadística resulta alentadora: los recursos hídricos superficiales de la Argentina cuentan con un caudal medio de 26.000 m3/s (820.000 millones de m3/año), lo que significaría abundancia si el recurso se usara de manera racional, equitativa y regulada para bebida, higiene, energía, riego y ganadería.
Sin embargo, estos datos crudos ningún significado tienen si no se relacionan con la real distribución en el territorio. El 85% del total de estos corresponden al área de la Cuenca del Plata que representa el 30% del territorio. En tanto que las áreas áridas y semiáridas disponen de menos del 1% del total de los recursos hídricos superficiales, que son el 11% del territorio. En total, más del 75% del territorio nacional presenta condiciones áridas y semiáridas, y hay extensas regiones cuya disponibilidad de agua está por debajo del índice de estrés hídrico publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es de 1.000 m3/año habitante.
Las aguas subterráneas han tenido un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico de las regiones áridas y semiáridas. Las poblaciones urbanas y rurales se abastecen total o parcialmente con agua subterránea. No obstante, se presentan limitaciones para determinados usos por su calidad y vulnerabilidad a la contaminación, ya sea natural o provocada por las actividades humanas.
Se ha producido, asimismo, la degradación de la calidad de las aguas subterráneas. La presencia de arsénico y nitratos en ellas alcanza niveles peligrosos por su efecto acumulativo en la salud. Hay problemas graves de contaminación en las zonas urbanas por las descargas no controladas de aguas residuales crudas.

Existe una baja cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado cloacal. Solamente el 81% de la población urbana está conectada a redes de agua potable y el 38% a redes de alcantarillado. Las coberturas de saneamiento básico y de acceso a sistemas de agua potable para los 5 millones de pobladores rurales son sensiblemente más bajas: 17% con agua conducida por tuberías y menos de 3% con alcantarillado sanitario. El consumo y las pérdidas en la gran mayoría de los sistemas de abastecimiento requieren dotaciones por habitante muy elevadas, de casi 500 litros por día, que se encuentran entre las más altas del mundo.
Los sistemas de riego, elemento clave para el crecimiento del producto agrícola, de las agroindustrias y de las exportaciones estacionales –y que representa el 70% de todas las extracciones para uso consuntivo del agua– tiene una eficiencia muy baja, inferior al 40%.
Los problemas de minado de acuíferos y contaminación vertical de napas freáticas independientes son importantes. El sector hidroeléctrico, que abastece una proporción importante de la demanda eléctrica nacional; el de navegación, que opera a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná y Alto Paraná; y el turístico constituyen usos con importantes perspectivas de expansión, que compiten cada vez más con los tradicionales.
El marco institucional no muestra un mejor cuadro: la gestión de los recursos hídricos se caracteriza por una fragmentación sectorial. La falta de coordinación interinstitucional, e incluso de comunicación e intercambio de informaciones entre las distintas dependencias, genera conflictos, pérdida de oportunidades de cooperación y, en ocasiones, la dilución de las responsabilidades.
El proceso de privatizaciones de los organismos del sector, iniciado en 1993, ha incrementado el tamaño y la complejidad de la trama institucional, incorporando a ese marco un conjunto de nuevos actores tales como los operadores privados en el sector de agua potable, saneamiento, hidroenergía, riego y navegación fluvial. A lo que deben sumarse nuevas formas de control con los llamados "entes reguladores", de dudosa eficacia.
El régimen jurídico del agua en la Argentina se ha tornado complejo aún más por las dificultades que ha planteado la aplicación de la Ley 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas, y la imposibilidad de las provincias de convertir en ley los Principios Rectores de Política Hídrica.
Sin embargo, resulta evidente que hay una mayor conciencia social ambiental y de cuidado del agua: es un tema que se valora como prioritario en una amplia franja de la sociedad. Este dato no es menor, ya que la presión social tiene notoria influencia en cuanto al poder de policía para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

 

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