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El agua hace realidad los derechos humanos

Se declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Ocurrió en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un repaso por las implicancias que tiene este nuevo derecho.

Un ser humano necesita 20 litros de agua potable por día como mínimo básico para la supervivencia, y se necesitan entre 50 y 100 litros diarios por persona para asegurar la realización completa del derecho al agua, como un derecho fundamental para la dignidad.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas (resolución 64/292) declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. La resolución (122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones) pide a los Estados y a las organizaciones internacionales que “proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.

Al mismo tiempo, la AG expresó su “profunda  preocupación porque cerca de 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico. Y agregó, con alarma, que “cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con la falta de agua y  saneamiento”.

El tema del agua como derecho humano tiene abundantes e importantes antecedentes en la ONU. Ya en el año 2002, el Comité en Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU (UNCESCR) había establecido que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida digna y requisito previo para la realización de los otros derechos humanos”. Y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había concluido en 2007 que “el derecho al agua estaba implícito en los derechos a la vida, la salud y explícito en varios tratados de la ONU”.

Asimismo, abordaron el tema las  resoluciones de la AG 54/175/1999 (derecho al desarrollo), 55/196/2000 (Año Internacional del Agua Dulce 2003), 58/217/2003 (Decenio Internacional para la Acción, “El Agua, Fuente de Vida”-2005-2015), 61/192/2006 (Año Internacional del Agua y Saneamiento 2008), 64/198/2009 (mitad de período del Decenio Internacional para la Acción, “El Agua Fuente de Vida”). Y varias Conferencias de la ONU (Río de Janeiro 1992, Estambul 1996, Mar del Plata de 1977, Johannesburgo en el 2002) lo trataron especialmente. Por último, varios instrumentos lo citan expresamente: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Finalmente, el 27 de septiembre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, puntualizó: “reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos”. Y puntualizó que “el derecho humano al agua potable y el saneamiento está indisolublemente asociado al derecho a la vida y la dignidad humana”.

Catarina de Albuquerque, relatora especial para las obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento (designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), dijo en agosto de 2010: “las metas de agua potable y saneamiento son vitales para el desarrollo humano e indispensables para lograr los otros Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del 2015.

Y recomendó a los Estados: 1. Aprobar medidas concretas con plazos determinados para hacer realidad, de manera progresiva, los derechos al agua potable y el saneamiento de todos los habitantes; 2. Elaborar planes y estrategias nacionales al más alto nivel político e integradas con estrategias nacionales de reducción de pobreza; 3. Acciones concretas para hacer operativas,  sostenibles y comprehensivas dichas estrategias de abastecimiento de agua potable y saneamiento; 4. Detectar las causas estructurales que no hacen posible extender el agua y el saneamiento, mediante datos desagregados para ambos rubros, de manera de llegar a los sectores más marginados y vulnerables.

Las bases éticas para la explotación y la gestión del agua a nivel nacional fueron enumeradas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Son las siguientes: 1. Asegurar la sustentabilidad ecológica de las fuentes de abastecimiento; 2. No permitir la manipulación ni la  monopolización del recurso por parte de intereses especiales; 3. Reservar caudales mínimos o ecológicos para la protección de servicios ambientales; 4. Asegurar la satisfacción de las necesidades básicas; 5. Respetar los usos y derechos consuetudinarios de las poblaciones autóctonas.

La Representante de Argentina en la AG, la Ministra Ana María Bianchi, explicó el voto de su país a la resolución 64/292 de la siguiente manera: “La Argentina entiende que es una de las responsabilidades principales de los Estados asegurar a sus habitantes el derecho al agua como una de las condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la vida y para asegurar un nivel de vida adecuado”.

Por Gustavo Poch, Naciones Unidas.

 
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